El intento del gobierno de desregular completamente la actividad de los prácticos terminó en retroceso. Luego de que las medidas de fuerza del sector generaran una parálisis total en los principales puertos, el ejecutivo decidió abandonar su proyecto original y establecer un mecanismo de negociación permanente.

Lo único que el gobierno logró fue que los prácticos aceptaran reducir sus tarifas en un 20%. Lejos de la desregulación integral que buscaba, esta concesión resulta insuficiente para cumplir con los objetivos planteados inicialmente. En cambio, la solución acordada fue crear una mesa de trabajo para futuras conversaciones.

La paralización de operaciones en puertos estratégicos funcionó como instrumento de presión efectivo para el sector. El impacto en el comercio exterior y la logística nacional aceleró la búsqueda de acuerdos que permitieran reanudar actividades, dando ventaja negociadora a los prácticos.

El nuevo esquema de mesa de trabajo refleja un cambio de enfoque: en lugar de reformas impuestas, el gobierno reconoce que ciertos cambios requieren consenso con actores del sector. Esta aproximación es más lenta y menos radical que lo planificado, pero evita los costos de conflictos prolongados.

La reducción del 20% en tarifas constituye un movimiento del sector hacia la flexibilización, aunque mantiene vigente la estructura regulatoria que el gobierno pretendía eliminar. El equilibrio alcanzado privilegia la negociación gradual sobre los cambios estructurales de corto plazo.

Este resultado evidencia las dificultades que enfrenta la administración al intentar reformular regulaciones en sectores con actores organizados. La capacidad de movilización de los prácticos y el daño que una paralización portuaria causa a la economía fueron factores determinantes en el desenlace del conflicto.

Imagen: Viacheslav Bublyk / Unsplash – Con informacion de Bichos del Campo